Trabajador autónomo con un furgón sin rotular de un peso máximo autorizado de 3.500 kilos, acompañado de un par de colaboradores sin contrato y, por supuesto, sin seguro de responsabilidad civil ni autorización municipal. Ésta sería la descripción tipo de las empresas ilegales de mudanzas que han proliferado en la Comunitat durante los últimos meses, y que han comenzado a centrar las quejas de las compañías legalmente establecidas, que sufren su competencia desleal, y de los clientes, que no pueden reclamar antes daños o retrasos.
Al respecto, el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios de Mudanzas y Guardamuebles, Carlos Grande, recordó que el pasado ejercicio «ha sido el periodo más duro para el sector». «Calculamos que medio centenar de empresas han accedido al mercado con un oferta irregular», denunció. Esta proliferación de negocios clandestinos ha conseguido prácticamente igualar en número a las empresas legalmente establecidas en la Comunitat, por lo que el mercado «está saturado», añadió el portavoz. La asociación que representa al sector ha detectado un incremento de las quejas por este tipo de actividades ajenas a la normativa durante los últimos meses.
Grande también quiso alertar de una práctica generalizada a través de internet que, aunque no es ilegal, «está causando problemas». «Hemos detectado a grandes cuentas que monopolizan los buscadores como Google, captan la demanda del cliente y la redireccionan a cuatro o cinco empresas de mudanzas», comentó. Esta situación genera, por ejemplo, que las compañías se vean enzarzadas en disputas por el cliente y en apresuradas propuestas de precio que «invitan a generar problemas». «Aconsejamos que, para tranquilidad del cliente, siempre se solicite un presupuesto por escrito», señaló el presidente.
El precio ofertado también debe hacer desconfiar a los clientes. Por ejemplo, una mudanza realizada por una empresa legal que ronde los 700 euros de presupuesto puede encontrarse en el mercado irregular por poco más de 300. Las disputas por ofrecer el precio más barato tiene su ejemplo más dantesco en el aparcamiento de una conocida firma de muebles y decoración, donde los transportistas ilegales agasajan a los clientes para traer su compra hasta la Comunitat.
Por otra parte, el portavoz de la entidad recalcó que las empresas de mudanzas «somos intensivas en mano de obra. Cada vehículo suele contar con unos cuatro operarios, por lo que el 55% del coste de la empresa es la mano de obra», pormenorizaba Grande, que echa en falta mayor control. Al respecto, opina que la inspección de Trabajo no tiene capacidad suficiente para vigilar toda esta actividad sumergida. «Si la Policía Local pudiera hacer estas inspecciones sería mucho más sencillo», propuso.
Además, el sector teme que este año todavía crezca más el número de empresas que no cumplen la normativa, sobre todo de transportistas cooperativistas. Grande recordó que los profesionales del transporte deben superar unas pruebas para obtener una tarjeta y así poder ejercer esta actividad. «La gente, para evitar el examen, acudía a las cooperativas del transporte, que contaban con una tarjeta común para todos los vehículos. Era una argucia legal que se hacía en Valencia», resumió. Sin embargo, el Gobierno central detectó esta práctica que «rallaba la ilegalidad», por lo que ofreció una moratoria a las cooperativas para que corrigieran la situación, plazo que finalizó el pasado mes de diciembre. «A partir de enero, miles de transportistas autónomos cooperativistas se han visto sin tarjeta porque trabajaban con la cooperativa», situación cuyo desarrollo futuro inquieta al sector.
Para los clientes, el riesgo de confiar sus pertenencias a una de estas empresas que incumplen la normativa puede ser muy alto. Por ejemplo, como carecen de las pertinentes autorizaciones municipales, «más de una vez dejan las mudanzas a medias porque se les hace de noche y el cliente tiene derecho nulo porque no hay nada firmado», aseveró. Además, tampoco puede reclamar si algún artículo sufre desperfectos.
Sobre la posibilidad de que, durante la mudanza, se provoquen daños a terceros (viandantes, otros vehículos, mobiliario urbano, espacios comunes, etc.), Grande recordó que las empresas legales tienen contratados seguros de responsabilidad civil que alcanzan los 600.000 euros, protección de la que carecen las actividades irregulares.
http://www.lasprovincias.es/v/20140204/comunitat/proliferacion-empresas-ilegales-dispara-20140204.html
